Viceprefecta de Azuay pierde apelación y deberá cumplir sanción por infracción

El Tribunal Especializado en Tránsito negó este 25 de marzo de 2026 el pedido de nulidad presentado por la viceprefecta Alexandra Quintanilla Zamora y confirmó la sentencia en su contra por una infracción cometida el 28 de febrero en la Bajada de Todos Santos, en Cuenca.

Con esta resolución, los magistrados rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la funcionaria, que alegaba supuestas irregularidades durante el procedimiento y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes civiles.

Durante la audiencia, realizada de forma virtual, el abogado Juan Carlos Salazar insistió en que se debía evaluar el estado de salud de su defendida, quien padece epilepsia, y cuestionó la actuación de los agentes de tránsito.

Por su parte, Quintanilla intervino directamente y expresó su desacuerdo con la realización de la audiencia en una casa de salud. También aseguró que sí entregó la matrícula del vehículo y denunció el uso de gas contra una mujer durante el operativo. Además, señaló que enfrenta problemas cardíacos y que tiene prevista una cirugía.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que la actuación judicial fue adecuada y que realizar diligencias en un centro médico es válido para garantizar el debido proceso en casos de flagrancia.

Al revisar los videos del procedimiento, los jueces concluyeron que la funcionaria no colaboró durante más de dos horas, no entregó los documentos habilitantes y se negó a someterse tanto a la prueba de alcoholemia como a la evaluación psicosomática.

Asimismo, indicaron que el parte médico no evidenció signos de una crisis epiléptica y que Quintanilla también rechazó un examen de sangre para determinar niveles de alcohol.

El caso se remonta a la madrugada del 28 de febrero de 2026, cuando la viceprefecta fue aprehendida en un control de tránsito. Tras negarse a realizarse la prueba de alcoholemia, fue trasladada a un hospital del Seguro Social, donde posteriormente se efectuó la audiencia que derivó en una sanción de 30 días.

Durante su permanencia en el centro de detención también se registró la detención de su abogado, quien calificó el proceso como una persecución.

Desde la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV EP), voceros reiteraron que respaldan los resultados del operativo ejecutado ese día.